Es cierto que la transformación digital de la Administración no es tarea fácil, pero en cuestión de cinco a diez años veremos como nuestras relaciones con la misma, serán totalmente por vía electrónica.

Hace pocos días se cumplió el plazo inicialmente establecido para que todas las administraciones se adaptaran a la era Digital. Sin embargo, a día de hoy, muchas de ellas continúan sin haber conseguido adaptarse, por lo que el Gobierno se ha visto obligado mediante Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, a conceder una prórroga, ampliando el plazo de adaptación hasta el año 2020.

¿Esto quiere decir que hasta el año 2020 no estaremos obligados a relacionarnos electrónicamente con la Administración?

Como en casi todo en esta vida, la respuesta es un DEPENDE. En primer lugar, debemos dejar claro que, con la entrada en vigor de la Ley de Procedimiento Administrativo Común (en adelante LPAC), ya se estableció la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración para determinados sujetos.

Por tanto, desde el 02 de octubre de 2016, esa obligación ya existe para todas las personas jurídicas y también para las entidades sin personalidad jurídica como las Comunidades de Propietarios, los profesionales colegiados (abogados, arquitectos, etc.) o quienes representen a un interesado que, a su vez, está obligado a dirigirse electrónicamente a la Administración y a realizar electrónicamente con ella cualquier trámite (art.14 LPAC).

Respecto a las personas físicas (el ciudadano de a pie), estas pueden elegir si se dirigen a la Administración electrónicamente o no, salvo que la Administración (por ejemplo: un ayuntamiento), a través de una norma reglamentaria decida, para quienes dispongan de medios o capacidad, que se imponga también la obligación de relacionarse electrónicamente con la ella.

El Gobierno de la Nación ha concedido una prórroga de 2 años más para que esa adaptación se haga efectiva

Puesto que a día de hoy, existen muchas administraciones que no se han adaptado y que el propio Gobierno de la Nación ha concedido una prórroga de 2 años más para que esa adaptación se haga efectiva, en caso de que una Administración en concreto, esté adaptada y quiera hacer realidad ese mandato legal, mi parecer es que con carácter previo deberá dar a conocer tal disponibilidad e indicar que procedimientos se pueden tramitar electrónicamente, pues, de lo contrario, la forma de relación con la Administración deberá seguir siendo la de toda la vida.

No hay duda de que una correcta implantación de las nuevas tecnologías nos conducirá a unas administraciones más rápidas, eficaces y eficientes, por lo que la mirada de la Administración del futuro, es una necesidad y debe ser tratada con máxima prioridad.