En tiempos en los que hablar de vivienda se ha convertido en una rutina estéril, Andratx comienza a moverse con políticas valientes que buscan soluciones reales. El convenio firmado para construir cerca de 100 viviendas protegidas representa un gesto firme que pone al pueblo y a su gente en el centro de la acción pública
El problema de la vivienda en Andratx hace ya demasiado tiempo que dejó de ser una simple preocupación para convertirse en una auténtica emergencia social. Familias enteras expulsadas del mercado inmobiliario, jóvenes sin posibilidad de independizarse, personas mayores obligadas a acoger de nuevo a sus hijos —e incluso a sus nietos— ante la imposibilidad de estos de acceder a un alquiler. El derecho a seguir viviendo en el propio pueblo ha dejado de estar garantizado, y eso, en un contexto de crecimiento desmedido y especulación, es sencillamente inaceptable.
En este escenario, cualquier paso firme hacia la creación de vivienda pública y asequible debe celebrarse. El reciente convenio firmado entre el Ayuntamiento de Andratx y el IBAVI para la cesión de tres solares municipales —dos en Camp de Mar y uno en el Puerto de Andratx— no es solo un trámite administrativo: es un acto político con mayúsculas, una decisión que va directamente al corazón del problema. A través del programa «Construir para alquilar», se prevé la construcción de casi 100 viviendas de protección oficial que, por primera vez, estarán destinadas de forma preferente a personas con una residencia mínima y efectiva de diez años en Andratx.
Esta cláusula, impulsada por el propio consistorio, es una medida de justicia social y territorial. Porque si algo resulta evidente, es que quienes han dedicado su vida al municipio merecen tener oportunidades reales para seguir formando parte de su presente y su futuro. Este tipo de iniciativas priorizan el arraigo y ayudan a sostener el tejido social que da identidad a Andratx.
La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha asumido el reto de enfrentar uno de los problemas más complejos del municipio con decisiones valientes y necesarias. En lugar de limitarse a señalar el problema, ha liderado un acuerdo que permitirá, al menos, abrir una vía real para quienes viven en una situación de angustia habitacional. En un municipio donde, por una simple habitación, ya se llegan a pedir 600 euros mensuales, comprometer suelo público para construir vivienda social es, sin duda, una apuesta política que requiere convicción, visión de futuro y coraje institucional.
Sin embargo, a las puertas de este convenio ya se escuchan voces oportunistas que han comenzado a criticar la ubicación de los solares, a cuestionar la dotación de servicios en las zonas elegidas e incluso a especular sobre los precios que deberán pagar los futuros inquilinos. Y con todo eso, cabe preguntarse si estarán peor que ahora, en una realidad donde muchos vecinos malviven en habitaciones de precios abusivos, comparten piso sin garantías o directamente se ven forzados a abandonar el municipio. Tal vez llegue el momento de criticar, si así se justifica en el futuro, pero lo cierto es que hoy no hay nada peor que quedarse de brazos cruzados.
Esto es solo un comienzo. El reto ahora será asegurar que las promociones se ejecuten en los plazos previstos, que se mantenga la prioridad de los residentes, y que esta primera piedra no sea la última, sino una más dentro de un plan estructural y sostenido para garantizar el derecho a una vivienda digna en Andratx. Es hora de dejar de considerar la vivienda como una mercancía más y empezar a tratarla como lo que realmente es: un derecho básico y fundamental.
Los pueblos no se salvan con discursos, se salvan con políticas valientes. Y por una vez, parece que Andratx ha decidido empezar a proteger lo más importante: su gente.
L. Gutiérrez
